El año 2022 supuso un nuevo liderazgo para el Partido Popular, que eligió como su nuevo presidente a Alberto Núñez Feijóo. Con posturas similares a años anteriores, tanto Sánchez como Núñez Feijóo se dispusieron a desencallar la situación, pero filtraciones de reuniones anteriores a mediados de año paralizó de nuevo las negociaciones.​

 En octubre de 2022, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, presentó su dimisión al rey y solicitó su reincorporación a su plaza de magistrado del Tribunal Supremo.

 El Gobierno, asimismo, impulso una nueva reforma de la LOPJ para que este pudiera designar a magistrados del Tribunal Constitucional, pues caducaba el mandato de un tercio de los magistrados que correspondían nombrar al Gobierno y al Consejo.

 

A finales de 2022 se hizo público que el Gobierno impulsaría una reforma del delito de sedición,​ algo que no gustó a los populares y que exigieron que se paralizaran tales planes como condición para seguir negociando.​

 El Gobierno no atendió a tales advertencias y prosiguió con sus planes, dando luz verde el Congreso a la reforma en diciembre de 2022.​ Además, junto a la reforma del delito de sedición, se impulsó la reforma del delito de malversación y de las mayorías necesarias en el CGPJ para designar magistrados,​ pues tras varios meses un grupo de vocales conservadores había usado sus votos para bloquear dichas designaciones. Frente a estas reformas, la oposición el PP presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional solicitando la suspensión del pleno del viernes 16,​ aunque el Alto Tribunal no atendió la urgencia alegada por dichos partidos y aplazó su decisión al lunes siguiente.

 

El 19 de diciembre de 2022, el Tribunal Constitucional aceptó tramitar el recurso de amparo del Partido Popular (PP), a través del grupo parlamentario Popular en el Congreso, contra la aprobación de enmiendas de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de la Ley Orgánica del Poder Judicial.54​ El motivo fue que las modificaciones de la ley no se atenían «a la doctrina constitucional sobre el ejercicio del derecho de enmienda y la relación de homogeneidad que ha de existir entre las enmiendas y la iniciativa legislativa que se pretende modificar».

 

En el mismo día se aceptó tomar medidas cautelarísimas ordenando la suspensión de la tramitación de las enmiendas. ​Esa aprobación fue hecha por seis votos a favor y cinco en contra, con la emisión de votos particulares de los cinco magistrados que estuvieron en contra de dicha suspensión. Fue la primera vez que el Tribunal Constitucional ordenaba paralizar la tramitación de unas enmiendas de las Cortes Generales. Posteriormente el Tribunal Constitucional tendrá que entrar en el fondo de la cuestión para decidir si levanta la suspensión de las enmiendas o permite que continúe su trámite parlamentario, algo que podría ocurrir tras un cambio en la composición del propio tribunal.​

 Tras conocerse el fallo, tanto la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, como el presidente del Senado, Ander Gil, realizaron declaraciones institucionales en las que confirmaban que respetarían la decisión del supremo intérprete constitucional,57​ si bien consideraban la decisión un peligroso precedente ya que suponía que «la interrupción de la potestad legislativa esté al alcance de un solo diputado con la interposición de un recurso de amparo» o impedir que los «legítimos representantes de la soberanía popular» pudieran «ejercer sus funciones y debatir o votar la norma en los términos establecidos en el ordenamiento jurídico».​ Asimismo, defendieron «la autonomía parlamentaria y las funciones del legislativo» y confirmaron que presentarían alegaciones en el procedimiento. ​Al día siguiente, la Mesa del Senado retiró las enmiendas suspendidas por el Alto Tribunal y confirmó que seguiría con el resto del procedimiento no afectado por la decisión del Tribunal.

 Precisamente, en su tradicional discurso de Navidad, el rey Felipe VI alertó de la «erosión» de las instituciones e hizo un llamamiento para que sean «fortalecidas» y «sean un ejemplo de integridad y rectitud». Asimismo, exhortó a «realizar un ejercicio de responsabilidad y reflexionar de manera constructiva sobre las consecuencias que ignorar estos riesgos puede tener para nuestra unión, nuestra convivencia y nuestras instituciones».

 El 27 de diciembre de 2022, con tres meses de retraso, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial propuso al rey el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo, César Tolosa Tribiño y María Luisa Segoviano Astaburuaga, como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Tras estas nominaciones y los dos candidatos propuestos por el Gobierno —el magistrado Juan Carlos Campo y la catedrática Laura Díez Bueso—,​ se completaría la renovación de dicho tribunal. Los nuevos magistrados tomaron posesión ante el rey el 31 de diciembre de 2022. El 22 de marzo de 2023, la vocal del CGPJ Concepción Sáez dimitió denunciando la situación «insostenible» del órgano, la «incapacidad de tomar decisiones» y la poca perspectiva de renovación.