Aprovechando la proposición de ley de derogación de la sedición, PSOE y Unidas Podemos introdujeron dos enmiendas que modifican diversos aspectos legales de dos leyes orgánicas con la intención de desbloquear la renovación del Constitucional. Una enmienda a la Ley Orgánica del Poder Judicial para eliminar la mayoría de tres quintos a la hora de nombrar en el Consejo General de Poder Judicial a los magistrados al Constitucional, siempre que no se alcanzara dicho consenso en el plazo de tres meses desde que finalice el mandato de los magistrados salientes.  En ese momento, se optaría por un sistema de votación individual en el que resultarían elegidos los candidatos con más apoyos. No sería necesario un quorum mínimo, habría una única votación y en caso de empate la última palabra la tendría el presidente. Y lo más polémico, la reforma abre la puerta a responsabilidades penales en caso de incumplir con la ley, como sucede actualmente.  La segunda enmienda modifica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional eliminando el plácet, el examen de la idoneidad, a los nuevos magistrados y habilita la opción de renovar por sextos y no por tercios.